Del caso Rosendo Radilla...

Esta semana fue la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano sobre el caso de Rosendo Radilla, líder campesino de Guerrero durante la guerra sucia, desaparecido en 1974 después de ser detenido en un retén militar. Comparecieron como testigos dos de sus hijos y como perito del sistema penal mexicano el Maestro Miguel Sarre.

El Secretario de Gobernación Gómez Mont encabezó la delegación mexicana. Durante su comparecencia alegó que la CIDH no tenía competencia para juzgar al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, dado que la competencia contenciosa de la CIDH fue admitida por México en 1998 y en 2002 se adhirió a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas.Sin embargo, Gómez Mont pareció olvidar que la desaparición forzada ha sido declarada tanto por instrumentos internacionales como por sentencias de cortes nacionales, específicamente por la SCJN, como un delito continuado.

Asimismo, hay un precedente en la propia CIDH, Caso Blake vs. Guatemala, donde indica que la Corte tendrá jurisdicción sobre las desapariciones forzadas que se empezaron a cometer antes de que se ratificaran las Convenciones. `

Cuando la presidenta de la Corte, Cecilia Medina lo cuestionó por qué si reconocían la desaparición forzada como un delito continuado y por lo tanto permanente, "¿por qué no admitir la competencia de la Corte? Gómez Mont recordó que cuando interpuso México sus reservas a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada no fue impugnada por ningún Estado.

Sin embargo, la reserva realizada por el Estado mexicano a esta Convención nada tiene que ver con la continuidad del delito de desaparición forzada, sino es específicamente a su artículo IX donde se indica que los crímenes perpetuados por militares contra civiles serían juzgados en el fuero común. Por lo que nada tiene que ver con el admitir el caso.

La demanda de este caso se centra en el recurso efectivo y administración de justicia. Justicia que no le ha sido dada a la familia Radilla como a muchas familias. Gómez Mont dice que no es el mismo México, yo le preguntó no no es, pero ¿no es acaso peor con los militares haciendo labores policiacas? El Washington Post publicó una nota (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/08/AR2009070804197.html?hpid=topnews) donde muestra como se ha incrementado la tortura desde que se incorporó al ejercito a labores policiacas.

Las primeras planas de la semana decían “Gómez Mont defiende justicia militar” argumentando que protege la institucionalidad y disciplina del ejército. Y ¿dónde queda la protección a nuestros ciudadanos?

En fin… el tema del fuero militar es todo un tema que trataremos en otras entradas. Por cierto este tema, será resuelto proximamente por la SCJN en el caso de Zenón Medina López, quien fue acribillado en un retén militar en Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008. La Corte decidió que por su trascendencia el Pleno atrajera el caso, el ministro Cossio fue el asignado de hacer el proyecto, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard le entregó hace unos días un amicus curea que concluye que el artículo 57, fracción segunda, inciso a, del Código de Justicia Militar que ha permitido que soldados, en labores de seguridad pública, acusados de matar o herir a civiles, sean juzgados por el fuero castrense.es contradictorio a las normas, principios y jurisprudencia contenidos en la Convención, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esperemos los ministros le entren al fondo y haya un buen nivel de discusión en este tema IMPORTANTISIMO para México.